Ponencia presentada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Audiencia Pública sobre Plan Nacional de Desarrollo y Posconflicto, leída por Ximena Canal Laiton en el Congreso de la República
Los
varios golpes que Juan Manuel Santos y sus ministras le intentaron propiciar a
la educación superior en años anteriores no se quedaron congelados con la
derrota de la Reforma a la Ley 30 en 2011 ni en el sonado Acuerdo por lo
Superior 2034 el año pasado. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 reencaucha los elementos
que tenían tales políticas, profundizando los objetivos de pauperizar aún más
la financiación y la calidad de la educación superior de la siguiente manera:
1.
Una reforma tramposa. Los diez
artículos que trazan el rumbo de la educación para el cuatrienio incluyen
elementos de la
reforma a la Ley 30, pero lo
hacen de forma solapada, de espalda al país y a la comunidad académica.
Recordemos que al ser derrotada la propuesta de reforma de 2011, Santos la retiró por falta de
“ambiente político” y no porque aceptara que el ánimo de lucro y otros puntos
fueran perjudiciales para la educación. La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial aconsejaron entonces a
Colombia insistir en
la reforma buscando “reducir riesgos políticos”. ¿Cómo hacerlo? Una buena manera, esconderla entre los
200 artículos que en el PND legislan sobre todos los aspectos de la vida
nacional y que no serán sometidos a debate por las características antidemocráticas
del trámite legislativo del Plan de Desarrollo.
2.
Otro lesivo mandato de la OCDE. Santos plantea el PND, no
pensando en las necesidades del país, sino sometiéndose a los requerimientos que la OCDE le exige
a Colombia para dejarla
entrar por la puerta de atrás al denominado “club de los países ricos”. Todas las propuestas cumplen los
estándares de la OCDE, se apresura a proclamar el gobierno en el
Artículo 1º del PND.
Colombia no entrará
a este grupo selecto por su
alto desarrollo productivo, tecnológico o educativo, sino por servir a las
necesidades de las grandes potencias que hacen parte de él. Grecia y España son
buenos ejemplos de cómo terminan los países que sacrifican sus propios
intereses en bien de la economía de los poderes mundiales.
El Acuerdo por lo Superior 2034 ya
había acogido orientaciones de la OCDE como “Subir el listón
de acreditación” y simplificarla,
hacer “titulaciones más cortas” y dar cuerpo a la educación terciaria, reformar
“los actuales sistemas de asignación de recursos” principalmente para “ampliar
el apoyo del ICETEX a los estudiantes” y “vincular la financiación más
estrechamente con el desempeño” a través de bolsas concursables. Nada le importa al organismo deteriorar
la educación colombiana con tal de asegurarse el cada vez más rápido adiestramiento
de mano de obra.
3.
El Plan Nacional acaba con la educación
de calidad y debilita la educación pública. El eslogan santista, “equidad,
paz y educación”, es pura demagogia, pues los diez artículos mencionados lo contradicen. El PND
reconoce la educación únicamente como un instrumento de “movilidad social” y no
como derecho fundamental y pasa
por alto su papel en la generación y desarrollo del conocimiento y su contribución
al avance de las fuerzas productivas, como lo hace la Ley Alternativa de
Educación Superior de la MANE.
En
materia académica crea tres nuevos sistemas que acaban con la calidad:
1º.
Sistema Nacional de Educación Terciaria, para equiparar toda la educación post secundaria, es
decir, para unir en un mismo saco la educación profesional, tecnológica y
técnica con todos los cursos de más de 160 horas. Se va a engrosar la cobertura
del 45 al 60% pero sin una política de acceso. Es decir, se nivela por lo bajo
(Pág. 107, Acuerdo por lo Superior 2034).
2º
y 3º. Marco Nacional de Cualificaciones (pág. 174, OCDE 2012) y Sistema
Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos “para promover la movilidad
de los estudiantes y crear puentes a través del sistema” (Pág. 341 OCDE 2012),
profundizando los ciclos propedéuticos y facilitando el ascenso entre unas y
otras titulaciones de forma rápida y mediocre.
En
materia financiera, la política
Santos-Parody hace
hincapié en el endeudamiento siguiendo una lógica perversa: recursos públicos para la
educación privada y recursos privados para la educación pública. Se privilegia
la obtención de rentas del capital mediante los créditos, materializando el
ánimo de lucro y ahora sí,
del todo, convirtiendo la educación en un negocio. No es una política
distinta a la implementada desde la Ley 30. Es su fase superior.
a.
¿Qué son recursos privados para la educación pública? Consiste en endeudar las universidades
públicas presentando los créditos como una solución a la crisis presupuestal. Una
escapatoria fácil, porque después de que el mismo gobierno empujó al abismo a las
universidades públicas a tal punto que hasta los edificios se derrumban, el gobierno
plantea como solución beber del remedio que causó la enfermedad: la
privatización.
FINDETER
y FODESEP serán los fondos de crédito, los bancos que endeudarán a las
instituciones ¡públicas y privadas!, porque harán negocio con todas. El caso
más lamentable y emblemático hoy es el de la Universidad Nacional, con un cupo
de endeudamiento aprobado por 200 mil millones de pesos con FINDETER que no se sabe
si podrá pagar. El gobierno destinará cuantiosos recursos a dichos bancos pero
no a las instituciones. El
objetivo, hacer de la educación un negocio para el capital bancario
endeudando familias y universidades.
b)
¿Qué son recursos públicos para la educación privada? Incentivar la demanda a
través del ICETEX para
subsidiar las matrículas en la universidad privada.
La
política de endeudamiento ha fracasado en Chile, EU y otros países. En Colombia
sigue un rumbo similar pues la cartera de la gente que no puede pagar llegaba
al 34% en 2013. Por el contrario, los países que financian directamente la
oferta entregando financiación directa a la universidad pública no presentan
síntomas de crisis. Son ejemplos internacionales.
Como
si esta situación no fuera ya preocupante, “Ser pilo paga”, el programa de
endeudamiento del Gobierno, se convierte un proceso continuo en el Artículo 57.
Un
estudio de la Universidad del Valle titulado “Programa ‘ser pilo’ es un
desastre” plantea que la inversión para el cuatrienio de los 10.000
créditos-beca que tanto ha cacareado el Gobierno será de 3,3 billones, un dinero
que les ha sido negado reiteradamente a las universidades públicas en déficit. Sin
embargo, a pesar de esta cuestionable medida financiera, el Gobierno propone en
el PND otorgar créditos-beca condonables al decil con mejor desempeño en las
pruebas SABER, ¡es decir que meterán
unos 70.000 jóvenes al negocio del ICETEX mientras las universidades se
quiebran!
Recordemos
que el 85% de los miembros del programa “Ser pilo paga” eligió estudiar en una
institución privada. Luego la plata que debe destinarse a la educación pública
terminó financiando a la Universidad de los Andes, a la Javeriana y a las demás
privadas receptoras.
Vale
la pena contar que la Universidad Nacional, a tres semanas de haber iniciado
semestre, no ha podido empezar todas sus clases porque no ha conseguido dinero
para contratar a los profesores que hacen falta. ¿Se caen los techos, no hay
profesores en las universidades públicas y la solución es darle los recursos al
ICETEX para que endeude a las familias y la plata termine llegando a las instituciones
privadas? ¿Toda la plata?
No. La que no se quede en los intereses y la ganancia. ¡Es una política
vergonzosa que impulsa la
OCDE a escala mundial!
En
síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo desvía los recursos que deberían ir
directo a las universidades y los pone a rendirles ganancias a tres fondos de crédito que
asfixiarán poco a poco la educación y a un mayor número de familias.
4.
El panorama no es del todo desolador:
tenemos una propuesta alternativa con un modelo de financiación plena que
garantiza la excelencia académica en todas las instituciones públicas, amplía
la cobertura y posiciona la educación como un derecho fundamental. Más allá de
las orientaciones de la OCDE y de la demagogia de Santos, la ley de la MANE,
del movimiento estudiantil, pugna por una educación para un país con soberanía,
democracia y paz.
Ya
derrotamos a Santos una vez. Sabemos que es posible volver a tumbar una ley
tramposa, tramitada a las patadas, que atenta contra el adecuado procedimiento
legal que establece la Constitución Colombiana y permite de manera exprés que los amigotes del gobierno
hagan de los derechos de los colombianos viles negocios. ¡Recuérdese a Saludcoop!
Porque
no sólo es la educación: vienen por la salud, por los recursos naturales, por
lo que nos queda de producción agropecuaria e industrial, por la televisión
¡por todo! Por eso la tarea es del país entero. Entre todos los sectores es
posible. Estudiantes, profesores y trabajadores universitarios estaremos
difundiendo los argumentos y la movilización contra esta reforma que lleva a la
educación a pauperizarse aún más y que llevará a Colombia a someterse a las medidas
perversas de la OCDE para fortalecer los intereses de Estados Unidos y las demás potencias
mundiales.
Santos
y la OCDE no van a acabar con la educación colombiana, no van a tocar los derechos
de los colombianos, ¡porque no lo permitiremos!
Por un país con soberanía, democracia y paz,
MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL.
(2)
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-347856.html,
La actual crisis de la educación superior se ha convertido en un problema inocultable no solamente en lo que respecta a la educación pública: con universidades desfinanciadas y abandonadas. La educación privada, la de mayor oferta en el país, ha empezado a estar cada vez más en la mira de la opinión pública, el gobierno, el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y la sociedad colombiana en general. La aspiración de ascender socialmente a través de los estudios universitarios se ha vuelto una verdadera pesadilla financiera para las familias colombianas, que tienen que pagar altos costos por una educación, en la mayoría de los casos, de dudosa calidad y con graves problemas administrativos. Pruebas de ello son los casos de la Universidad San Martin o la Universidad Incca.
Este escenario caótico, propiciado por las omisiones y descuidos históricos de los gobiernos, se convierte ahora en el pretexto para materializar los lineamientos políticos consignados en el mal llamado ‘Acuerdo por lo Superior 2034’ que, tras un lenguaje conciliador oculta políticas y medidas lesivas para la garantía del derecho a la educación superior en un país como Colombia. En este contexto el gobierno de Juan Manuel Santos, toma de nuevo la iniciativa y promueve en el Congreso de la República una reforma a la Ley 30 de 1992 (El Proyecto de Ley 124 Senado y 179 Cámara), cuyos temas principales son la inspección, vigilancia y control de las universidades del país. Este proyecto es radicado por la ministra de educación con mensaje de urgencia, obviando como es costumbre para el gobierno, un proceso democrático y deliberativo autentico que legitime la puesta en marcha de un proyecto legislativo de tal envergadura.
Como sucedió con el derrotado proyecto de reforma del 2011, este nuevo intento de reforma neoliberal para la educación superior está viciado tanto en el procedimiento y las formas como en el contenido.
En principio, se trata de una iniciativa totalmente desconocida por la comunidad académica del país y que no fue consultada con estudiantes, profesores, directivos ni trabajadores. De esta manera el Gobierno ratifica que su postura es imponer las diversas reformas a la educación superior: la derrotada reforma de 2011, la reforma tributaria que propicio la creación del CREE y golpeo de manera estructural la financiación del SENA; los 10.000 créditos condonables llamados erróneamente becas, los proyectos de Estampillas que intentaron sustituir la financiación estatal permanente con paliativos de corto plazo, y por supuesto, la política pública de educación superior Acuerdo por lo Superior 2034. De igual manera, es evidente que la antidemocracia es el criterio con el que Santos y su gobierno abocaran el debate del Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos educativos que contenga.
En cuanto al contenido propuesto, el Proyecto radicado parte del supuesto equivocado de que es necesario afinar los instrumentos de inspección, vigilancia y control para hacer cumplir la ley, negando con esto que los problemas de la educación superior se originan en la misma legislación que la regula: la Ley 30 de 1992. Bajo este régimen se causó la crisis financiera de las universidades públicas, cercana a $12.5 billones de pesos, la pérdida de la autonomía universitaria, el incremento desmedido de las matrículas en universidades públicas y privadas, así como el oneroso sistema de endeudamiento que desarrolla el ICETEX y demás instituciones financieras que agobian a estudiantes y familias colombianas, entre otros.
Así como el Gobierno ignoró a la comunidad educativa para elaborar el proyecto, también la desconoce en las medidas adoptadas para realizar la inspección, vigilancia y control. En efecto el Proyecto de Ley incrementa los controles de Estado sobre las universidades privadas y públicas, pero desconoce incorporar a estudiantes, profesores y trabajadores en el control de la actividad misional del total de las universidades del país. Lo que proponen Santos y Parody en esta iniciativa, antes que fortalecer a la comunidad educativa como la rectora de los destinos de las instituciones y depositarias de la autonomía, es permitir que en “circunstancias excepcionales” el Gobierno designe interventores a efectos de que pueda dirigir en forma directa a las universidades intervenidas.
No deja de ser curioso que el gobierno esté re descubriendo la importancia de la educación luego de años de abandono programado y sistemático. Llegó el momento de preguntarse cuál es el papel del Ministerio de Educación que ha perdido total credibilidad en el control a la educación superior y se ha vuelto sólo un facilitador del lucro en la educación. En ese mismo sentido, habría que preguntarse cómo es que ese lucro ha profundizado la crisis de la educación superior, problema que no se ataca con un proyecto de ley que, como todas las reformas, busca enseñar a nadar a quien ya se está ahogando.
El movimiento estudiantil colombiano, que ha sabido condensar su propuesta política en la ley alternativa de educación superior abanderada por la MANE ha planteado que la participación democrática de la comunidad académica en la dirección de las instituciones es garantía de transparencia y control en el cumplimiento de las funciones misionales. Asimismo ha propuesto que el Estado, sin violentar la autonomía universitaria, debe asumir la tarea de vigilar a las instituciones educativas en todo momento, contrario al énfasis del Proyecto del Ministerio que propone vigilancia sólo cuando existan condiciones desfavorables para la prestación de los servicios educativos o cuando el lucro, que ellos mismos propician, haga imposible su funcionamiento ordinario.
El Proyecto de Ley 124 Senado y 179 Cámara fue aprobado el pasado 3 de diciembre en sesiones conjuntas de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, y seguirá su trámite en la Plenaria de cada Corporación. rechazamos el trámite arbitrario e inconsulto del actual proyecto de Ley y exhortamos a la comunidad educativa y a los demás sectores democráticos a expresar su inconformidad con una iniciativa que seguirá sumiendo a la educación superior en una profunda crisis.
“No aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden, de confusión
organizada,
de humanidad deshumanizada, nada debe parecer
natural.
Nada debe
parecer imposible de cambiar”
Bertolt Brecht
El paso de los años no debe nunca hacernos perder las experiencias de los caminos que hemos recorrido, de las grandes alegrías y triunfos y de las amargas pero a veces necesarias derrotas. Es por ello que hoy es un día para recordar, para conmemorar y poner en alto nuestro caminar como prueba incuestionable de que nuestros sentires están más vivos que nunca.
Viendo a
nuestras universidades desvalidas, y a nuestras familias endeudas por el cruel
y descarado abandono del estado a la educación pública, decidimos hace ya 3
años, unirnos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en torno al objetivo de
defender nuestra educación, de no dejarla privatizar para construir así un país
con soberanía, democracia y paz. Seguros y seguras de que la fuerza de la
movilización, de la unión y con el
respaldo de una sociedad que clama transformaciones sociales, nos lanzamos a
las calles llenos de argumentos, de creatividad, de rebeldía, de amor y de
vida.
Decidimos
parar nuestras actividades académicas, no como una muestra de vagancia, sino
como un ejercicio de poder y de denuncia, que retumbaba y retumba en el
continente latinoamericano, reclamando la garantía de nuestros derechos, y el
cese al insolente saqueo al que nos someten algunos gobernantes. Luego de casi
un mes de estar en actividad permanente en el Paro Nacional Universitario, el
gobierno de Juan Manuel Santos decide, el 10 de Noviembre de 2011, retirar el
proyecto de reforma a la ley 30 que buscaba profundizar la crisis de la
educación pública y priorizar un modelo de privatización y endeudamiento para
poder acceder a la educación superior.
Anotamos
este suceso de la historia colombiana como una victoria para el movimiento
estudiantil que demostró que a través de los argumentos, de la acción colectiva
y de las movilizaciones masivas y creativas es posible detener los nefastos
proyectos que buscan entregar nuestro país a los designios del capital internacional. Sin embargo, no nos
dormimos en los laureles luego de esta esperanzadora victoria, seguimos
trabajando, construyendo, marchando.
Hoy, luego
de 3 años y muchos más de legados de luchas y de esfuerzos incontables, podemos
decir con todo orgullo que tumbamos la reforma y que la lucha no termina. Que
nuestras banderas siguen más vivas que nunca: pleno financiamiento del estado a
la educación superior pública, democracia universitaria, calidad y dignidad
educativa, una universidad que se relacione con la sociedad y que sirva a la
construcción de un proyecto de nación soberana y democrática. Con nuestras
reivindicaciones y con una propuesta de ley alternativa de educación nos
enfrentamos hoy al Acuerdo por lo Superior, una propuesta de política pública
que retoma todo lo derrotado en 2011 y agrega nuevos elementos de quiebra
financiera, degradación de la calidad académica y violación de la autonomía
universitaria.
Hemos
declarado este el día de la dignidad estudiantil, de la dignidad de un Pueblo
que se levanta y que no se deja amedrentar, hoy más que nunca decimos que no
cesaremos, que no nos intimida la pretensión de consenso del gobierno, ni las
amenazas reiteradas, que hoy más que nunca creemos en la fuerza de la unión y
la movilización social como baluartes en la defensa de nuestros derechos.
¡Que vivan los y las estudiantes, jardín de nuestra alegría!
Bogotá, 17 de octubre de
2014
Señora
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad
Ref: La tal crisis de la
educación superior sí existe
Para hacer realmente
efectivo el derecho fundamental
de la educación, el compromiso de un gobierno debe ser garantizar la
financiación adecuada de sus
instituciones. En Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado
la idea de
ofertar educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por
el contrario, la educación superior pública ha sido empujada al
camino de la privatización estipulado en la Ley 30 de 1992, que en
términos
reales congeló el presupuesto de las Instituciones de Educación
Superior,
desconociendo los costos marginales crecientes que éstas presentan
debido al
incremento de necesidades, capacitación docente, ampliación de
cobertura,
mejoramiento de infraestructura, entre otras. Se trata de una educación
con
los recursos de 1992 y las necesidades de 2014.
Tal despropósito ha ahogado
presupuestalmente a las instituciones educativas, donde el gobierno pasó de
financiar el 84% de su presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014,
obligándolas a asumir el hueco financiero de múltiples formas,
desde la venta de servicios, pasando por la creación de programas de baja
calidad, el aumento de las matrículas y el endeudamiento,
y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de profesores y
trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica.
El gobierno de Juan Manuel
Santos, al igual que sus antecesores, han redirigido los recursos dispuestos
para la educación pública, ya no para financiar directamente las instituciones,
sino para alimentar y garantizar el sostenimiento del ICETEX. Mientras en el
año 2004 se invertía $1 billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 los
recursos del ICETEX fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto
que ha dejado de llegar a las universidades directamente, y garantizar el
subsidio a la oferta, termina endeudando a las familias colombianas,
incentivando la demanda y profundizando la crisis.
Mientras el Gobierno calla
sobre el vacío financiero que crece año a año, son las familias colombianas
quienes pagan los platos rotos. Las familias están pagando en matrículas a las
instituciones públicas $850 mil millones de pesos anualmente, que representa
cerca del 34% del presupuesto que da el gobierno para el mismo período, y que
fácilmente lo podría cubrir el Estado si existiera voluntad política. En el caso de las
instituciones privadas, el desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor
endeudamiento de los estudiantes y sus familias. No existe una correspondencia
clara entre los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la
infraestructura, dotación, o planta docente de las instituciones, y ante este
aumento arbitrario el Ministerio de Educación mantiene un silencio cómplice.
La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.
Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.
El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.
El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.
La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.
Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.
El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.
El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.
Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra de interés por la educación superior, ni soluciona de algún modo, la grave situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las instituciones por impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que no son más que créditos condonables.
El desdén de Santos para no
financiar adecuadamente la educación está soportado en decisiones políticas y
no en argumentos técnicos. El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos
deben dirigirse a las instituciones públicas sin condiciones. Es por esto que
hemos reiterado en la necesidad de un plan de pago concertado por parte del
Gobierno Nacional al déficit financiero de las universidades estatales, que hoy
asciende a 12,5 billones de pesos [1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo
representa alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es casi
cuatro veces menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante
a la cifra que las multinacionales minero energéticas, con la complacencia del
Gobierno, dejan de pagar en impuestos año a año.
Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino para conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una auténtica autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han recorrido los países que son ejemplo en materia de educación a nivel mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034.
El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde a una imposibilidad financiera sino a una decisión política de acabar la educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores, trabajadores y a la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el pago de la deuda, a todas luces factible, e incremente los recursos transferidos directamente a las universidades públicas para el 2015.
Por un país con soberanía,
democracia y paz.
Atentamente
Mesa
Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
- Notas:
[4] CESU. Aportes de la
mesa temática de financiamiento para la política pública de educación superior
en Colombia. https://www.dropbox.com/s/5p9nqxaye1zo11e/0Mesa%20de%20Financiamiento%20%20Final.pdf?m=
[5]https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindesena.org%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F998--parafiscalidad-sena-reforma-tributaria-juan-pablo-sandoval-.html&ei=puc5VJXwJ4-ONoOfgKAM&usg=AFQjCNEFXIoGxHfgxh6Ep0dptNZzEFKhmw&sig2=cKcg_4WojLrEmANOxM4xGQ&bvm=bv.77161500,d.eX]
[6] http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:pros-y-contras-de-las-10-mil-becas-en-ies-acreditadas-prometidas-por-el-gobierno&catid=16:noticias&Itemid=198