La Mane ha planteado la necesidad de garantizar la gratuidad de la educación superior, propuesta rechazada de antemano por la ministra de Educación, María Fernanda Campo, como representante del gobierno de Juan Manuel Santos. La propuesta parte de lo que para algunos puede ser considerado un lugar común: la educación es un derecho fundamental. Sin embargo, la grave crisis que afrontan nuestras universidades públicas demuestra que la educación superior no ha sido tratada como tal, no por falta de argumentos que sustenten dicha necesidad, sino porque no hay voluntad política en el gobierno.
Defender la educación superior como derecho fundamental implica comprometer al Estado en la garantía plena al acceso, la permanencia y la calidad. Los tres elementos constituyen el contenido material del derecho. La propuesta de la Mane implica que los tres sean garantizados plenamente por el Estado. Por lo anterior, la gratuidad que propone la Mane supone la exigencia al Estado para que asigne los recursos a las universidades públicas que les permitan garantizar la permanencia a través de sistemas integrales de bienestar y también la calidad a partir de garantías materiales para el desarrollo académico. Si el Estado cumpliera con la responsabilidad de asignar los recursos que requieren las universidades públicas, estas no se verían obligadas a cobrar derechos de matrícula a sus estudiantes. En resumen, la responsabilidad que elude el Estado se ha trasladado a las familias, convirtiéndose en un mecanismo que priva del derecho a la educación a los jóvenes.
Una mirada a la situación de las universidades públicas evidencia que en la génesis del perverso mecanismo de cobrar para acceder al derecho a la educación —y a otros—, se encuentra el proceso de privatización al que han sido sometidas. Según datos del Ministerio de Educación, los recursos recaudados por concepto de matrículas de las universidades públicas y la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, representarían en términos comparativos una tercera parte del presupuesto asignado por el Gobierno nacional a las universidades.
APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL VS INGRESOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULAS
| AÑO | Aportes del Gobierno Nacional a las universidades públicas (incluye Esap) | Recursos provenientes del cobro de matrículas en las universidades públicas (incluye Esap) | Porcentaje de los recursos provenientes del cobro de matrículas en comparación con los aportes del Gobierno Nacional |
| 2010 | $2,07 billones de pesos | 603 000 millones | 29,13% |
| 2011 | $2,24 billones de pesos | 751 000 millones | 33,52% |
| 2012 | $2,49 billones de pesos | 802 000 millones | 32,22% |
Cuadro 1.
Fuente: Cálculos hechos con base en las cifras oficiales del Ministerio de Educación
El estudio hecho por el Sistema Universitario Estatal, SUE, sobre el desfinanciamiento de la educación superior en Colombia estima en más 11 billones de pesos el déficit de las universidades públicas y señala que estas se autofinancian en más de un 40%. Este déficit es la principal causa del marchitamiento de la universidad pública, del desmoronamiento de su planta física y la imposibilidad para adecuar sus edificaciones a las normas básicas de sismorresistencia, de su imposibilidad para cualificar la planta docente o de adoptar tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero además, este proceso de desfinanciación y de privatización constituye la principal amenaza contra los sistemas de bienestar y conduce a la eliminación de becas, residencias y restaurantes universitarios, servicios de salud y formación integral, principal herramienta de las universidades para combatir la deserción universitaria, hoy situada en un indignante 48%. En resumen, el proceso de privatización niega el contenido del derecho a la educación: acceso, permanencia y calidad.
La educación presenta una estructura de costos marginales crecientes con dinámica exponencial, lo que quiere decir que en tanto avanza su complejidad, esta tiende a tener mayores costos. La educación de calidad cuesta bastante y si queremos que sea accesible a todos los ciudadanos, debemos aceptar que solamente el Estado es capaz de afrontar dicha empresa. Es cierto que existen universidades privadas de alta calidad, pero también es cierto que a ellas solo acceden quienes tienen capacidad de pagar altísimos precios.
El impacto positivo de la educación a nivel individual es marginal si se le compara con su impacto social. Jamás sabremos a cuantos hijos e hijas de Colombia se les privó del derecho a desarrollar sus capacidades y se les negó la posibilidad de aportar soluciones a los problemas del país desde la medicina, las artes o las humanidades. Probablemente ya no conoceremos sus nombres. La ignorancia ha servido a intereses poderosos.
La única manera de superar la crisis de la educación superior es recobrar el papel del Estado como garante del derecho. La Mane ha propuesto un nuevo esquema que garantizaría la financiación plena de las universidades públicas en el mediano plazo, cubriendo su déficit y evitándoles apelar a mecanismos perversos de autofinanciación tales como el cobro de matrículas. La propuesta se enmarca en el ordenamiento jurídico colombiano y parte de la premisa constitucional de que la manera en que deben aportar al cumplimiento de los fines del Estado quienes perciben mayores ingresos es pagando tributos de carácter progresivo y no a partir del pago por los derechos, pues pagar por acceder a ellos es negar su naturaleza convirtiéndolos en una mercancía a la cual se accede o no dependiendo de la capacidad económica.
La propuesta de la Mane es tan necesaria como posible. Está por universidades públicas en las que se impartan los conocimientos más avanzados en todas las aéreas del conocimiento y donde existan condiciones democráticas para el acceso y la permanencia y para la lucha de ideas. Está por universidades que aporten soluciones a los problemas del país, es decir, universidades de alta calidad en las que no existan barreras económicas para el acceso, para que por fin se sienten en la misma mesa el hijo del ministro y el hijo del obrero.
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