Bogotá, 17 de octubre de
2014
Señora
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad
Ref: La tal crisis de la
educación superior sí existe
Para hacer realmente
efectivo el derecho fundamental
de la educación, el compromiso de un gobierno debe ser garantizar la
financiación adecuada de sus
instituciones. En Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado
la idea de
ofertar educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por
el contrario, la educación superior pública ha sido empujada al
camino de la privatización estipulado en la Ley 30 de 1992, que en
términos
reales congeló el presupuesto de las Instituciones de Educación
Superior,
desconociendo los costos marginales crecientes que éstas presentan
debido al
incremento de necesidades, capacitación docente, ampliación de
cobertura,
mejoramiento de infraestructura, entre otras. Se trata de una educación
con
los recursos de 1992 y las necesidades de 2014.
Tal despropósito ha ahogado
presupuestalmente a las instituciones educativas, donde el gobierno pasó de
financiar el 84% de su presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014,
obligándolas a asumir el hueco financiero de múltiples formas,
desde la venta de servicios, pasando por la creación de programas de baja
calidad, el aumento de las matrículas y el endeudamiento,
y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de profesores y
trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica.
El gobierno de Juan Manuel
Santos, al igual que sus antecesores, han redirigido los recursos dispuestos
para la educación pública, ya no para financiar directamente las instituciones,
sino para alimentar y garantizar el sostenimiento del ICETEX. Mientras en el
año 2004 se invertía $1 billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 los
recursos del ICETEX fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto
que ha dejado de llegar a las universidades directamente, y garantizar el
subsidio a la oferta, termina endeudando a las familias colombianas,
incentivando la demanda y profundizando la crisis.
Mientras el Gobierno calla
sobre el vacío financiero que crece año a año, son las familias colombianas
quienes pagan los platos rotos. Las familias están pagando en matrículas a las
instituciones públicas $850 mil millones de pesos anualmente, que representa
cerca del 34% del presupuesto que da el gobierno para el mismo período, y que
fácilmente lo podría cubrir el Estado si existiera voluntad política. En el caso de las
instituciones privadas, el desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor
endeudamiento de los estudiantes y sus familias. No existe una correspondencia
clara entre los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la
infraestructura, dotación, o planta docente de las instituciones, y ante este
aumento arbitrario el Ministerio de Educación mantiene un silencio cómplice.
La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.
Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.
El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.
El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.
La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.
Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.
El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.
El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.
Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra de interés por la educación superior, ni soluciona de algún modo, la grave situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las instituciones por impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que no son más que créditos condonables.
El desdén de Santos para no
financiar adecuadamente la educación está soportado en decisiones políticas y
no en argumentos técnicos. El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos
deben dirigirse a las instituciones públicas sin condiciones. Es por esto que
hemos reiterado en la necesidad de un plan de pago concertado por parte del
Gobierno Nacional al déficit financiero de las universidades estatales, que hoy
asciende a 12,5 billones de pesos [1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo
representa alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es casi
cuatro veces menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante
a la cifra que las multinacionales minero energéticas, con la complacencia del
Gobierno, dejan de pagar en impuestos año a año.
Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino para conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una auténtica autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han recorrido los países que son ejemplo en materia de educación a nivel mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034.
El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde a una imposibilidad financiera sino a una decisión política de acabar la educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores, trabajadores y a la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el pago de la deuda, a todas luces factible, e incremente los recursos transferidos directamente a las universidades públicas para el 2015.
Por un país con soberanía,
democracia y paz.
Atentamente
Mesa
Amplia Nacional Estudiantil, MANE.
- Notas:
[4] CESU. Aportes de la
mesa temática de financiamiento para la política pública de educación superior
en Colombia. https://www.dropbox.com/s/5p9nqxaye1zo11e/0Mesa%20de%20Financiamiento%20%20Final.pdf?m=
[5]https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindesena.org%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F998--parafiscalidad-sena-reforma-tributaria-juan-pablo-sandoval-.html&ei=puc5VJXwJ4-ONoOfgKAM&usg=AFQjCNEFXIoGxHfgxh6Ep0dptNZzEFKhmw&sig2=cKcg_4WojLrEmANOxM4xGQ&bvm=bv.77161500,d.eX]
[6] http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:pros-y-contras-de-las-10-mil-becas-en-ies-acreditadas-prometidas-por-el-gobierno&catid=16:noticias&Itemid=198
1 comentarios:
They talk about the problems of higher education. and do not talk about CORUPTION problems in schools. promlema have even radically foundation . students and parents in a panic from happening. This article says a lot . look deeper. I read about the horrible accident on the site https://quivo.co/22059-un-profesor-enamoraba-su-alumna-menor-de-edad-enviandole-cartas-de-amor.html article . corruption of minors , in exchange for a bribe ! why such a study ?
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