Inspección y Vigilancia: se pone en marcha la reforma neoliberal a la Educación Superior

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On miércoles, 10 de diciembre de 2014 0 comentarios
La actual crisis de la educación superior se ha convertido en un problema inocultable no solamente en lo que respecta a la educación pública: con universidades desfinanciadas y abandonadas. La educación privada, la de mayor oferta en el país, ha empezado a estar cada vez más en la mira de la opinión pública, el gobierno, el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y la sociedad colombiana en general. La aspiración de ascender socialmente a través de los estudios universitarios se ha vuelto una verdadera pesadilla financiera para las familias colombianas, que tienen que pagar altos costos por una educación, en la mayoría de los casos, de dudosa calidad y con graves problemas administrativos. Pruebas de ello son los casos de la Universidad San Martin o la Universidad Incca.

Este escenario caótico, propiciado por las omisiones y descuidos históricos de los gobiernos, se convierte ahora en el pretexto para materializar los lineamientos políticos consignados en el mal llamado ‘Acuerdo por lo Superior 2034’ que, tras un lenguaje conciliador oculta políticas y medidas lesivas para la garantía del derecho a la educación superior en un país como Colombia. En este contexto el gobierno de Juan Manuel Santos, toma de nuevo la iniciativa y promueve en el Congreso de la República una reforma a la Ley 30 de 1992 (El Proyecto de Ley 124 Senado y 179 Cámara), cuyos temas principales son la inspección, vigilancia y control de las universidades del país. Este proyecto es radicado por la ministra de educación con mensaje de urgencia, obviando como es costumbre para el gobierno, un proceso democrático y deliberativo autentico que legitime la puesta en marcha de un proyecto legislativo de tal envergadura.

Como sucedió con el derrotado proyecto de reforma del 2011, este nuevo intento de reforma neoliberal para la educación superior está viciado tanto en el procedimiento y las formas como en el contenido.

En principio, se trata de una iniciativa totalmente desconocida por la comunidad académica del país y que no fue consultada con estudiantes, profesores, directivos ni trabajadores. De esta manera el Gobierno ratifica que su postura es imponer las diversas reformas a la educación superior: la derrotada reforma de 2011, la reforma tributaria que propicio la creación del CREE y golpeo de manera estructural la financiación del SENA; los 10.000 créditos condonables llamados erróneamente becas, los proyectos de Estampillas que intentaron sustituir la financiación estatal permanente con paliativos de corto plazo, y por supuesto, la política pública de educación superior Acuerdo por lo Superior 2034. De igual manera, es evidente que la antidemocracia es el criterio con el que Santos y su gobierno abocaran el debate del Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos educativos que contenga.

En cuanto al contenido propuesto, el Proyecto radicado parte del supuesto equivocado de que es necesario afinar los instrumentos de inspección, vigilancia y control para hacer cumplir la ley, negando con esto que los problemas de la educación superior se originan en la misma legislación que la regula: la Ley 30 de 1992. Bajo este régimen se causó la crisis financiera de las universidades públicas, cercana a $12.5 billones de pesos, la pérdida de la autonomía universitaria, el incremento desmedido de las matrículas en universidades públicas y privadas, así como el oneroso sistema de endeudamiento que desarrolla el ICETEX y demás instituciones financieras que agobian a estudiantes y familias colombianas, entre otros. 

Así como el Gobierno ignoró a la comunidad educativa para elaborar el proyecto, también la desconoce en las medidas adoptadas para realizar la inspección, vigilancia y control. En efecto el Proyecto de Ley incrementa los controles de Estado sobre las universidades privadas y públicas, pero desconoce incorporar a estudiantes, profesores y trabajadores en el control de la actividad misional del total de las universidades del país. Lo que proponen Santos y Parody en esta iniciativa, antes que fortalecer a la comunidad educativa como la rectora de los destinos de las instituciones y depositarias de la autonomía, es permitir que en “circunstancias excepcionales” el Gobierno designe interventores a efectos de que pueda dirigir en forma directa a las universidades intervenidas. 

No deja de ser curioso que el gobierno esté re descubriendo la importancia de la educación luego de años de abandono programado y sistemático. Llegó el momento de preguntarse cuál es el papel del Ministerio de Educación que ha perdido total credibilidad en el control a la educación superior y se ha vuelto sólo un facilitador del lucro en la educación. En ese mismo sentido, habría que preguntarse cómo es que ese lucro ha profundizado la crisis de la educación superior, problema que no se ataca con un proyecto de ley que, como todas las reformas, busca enseñar a nadar a quien ya se está ahogando. 

El movimiento estudiantil colombiano, que ha sabido condensar su propuesta política en la ley alternativa de educación superior abanderada por la MANE ha planteado que la participación democrática de la comunidad académica en la dirección de las instituciones es garantía de transparencia y control en el cumplimiento de las funciones misionales. Asimismo ha propuesto que el Estado, sin violentar la autonomía universitaria, debe asumir la tarea de vigilar a las instituciones educativas en todo momento, contrario al énfasis del Proyecto del Ministerio que propone vigilancia sólo cuando existan condiciones desfavorables para la prestación de los servicios educativos o cuando el lucro, que ellos mismos propician, haga imposible su funcionamiento ordinario.

El Proyecto de Ley 124 Senado y 179 Cámara fue aprobado el pasado 3 de diciembre en sesiones conjuntas de las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, y seguirá su trámite en la Plenaria de cada Corporación. rechazamos el trámite arbitrario e inconsulto del actual proyecto de Ley y exhortamos a la comunidad educativa y a los demás sectores democráticos a expresar su inconformidad con una iniciativa que seguirá sumiendo a la educación superior en una profunda crisis. 



Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE


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10 de Noviembre de 2014: A tres años del triunfo de la MANE

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On domingo, 9 de noviembre de 2014 0 comentarios

“No aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar
Bertolt Brecht



El paso de los años no debe nunca hacernos perder las experiencias de los caminos que hemos recorrido, de las grandes alegrías y triunfos y de las amargas pero a veces necesarias derrotas. Es por ello que hoy es un día para recordar, para conmemorar y poner en alto nuestro caminar como prueba incuestionable de que nuestros sentires están más vivos que nunca. 

Viendo a nuestras universidades desvalidas, y a nuestras familias endeudas por el cruel y descarado abandono del estado a la educación pública, decidimos hace ya 3 años, unirnos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en torno al objetivo de defender nuestra educación, de no dejarla privatizar para construir así un país con soberanía, democracia y paz. Seguros y seguras de que la fuerza de la movilización,  de la unión y con el respaldo de una sociedad que clama transformaciones sociales, nos lanzamos a las calles llenos de argumentos, de creatividad, de rebeldía, de amor y de vida. 

Decidimos parar nuestras actividades académicas, no como una muestra de vagancia, sino como un ejercicio de poder y de denuncia, que retumbaba y retumba en el continente latinoamericano, reclamando la garantía de nuestros derechos, y el cese al insolente saqueo al que nos someten algunos gobernantes. Luego de casi un mes de estar en actividad permanente en el Paro Nacional Universitario, el gobierno de Juan Manuel Santos decide, el 10 de Noviembre de 2011, retirar el proyecto de reforma a la ley 30 que buscaba profundizar la crisis de la educación pública y priorizar un modelo de privatización y endeudamiento para poder acceder a la educación superior. 

Anotamos este suceso de la historia colombiana como una victoria para el movimiento estudiantil que demostró que a través de los argumentos, de la acción colectiva y de las movilizaciones masivas y creativas es posible detener los nefastos proyectos que buscan entregar nuestro país a los designios del  capital internacional. Sin embargo, no nos dormimos en los laureles luego de esta esperanzadora victoria, seguimos trabajando, construyendo, marchando. 

Hoy, luego de 3 años y muchos más de legados de luchas y de esfuerzos incontables, podemos decir con todo orgullo que tumbamos la reforma y que la lucha no termina. Que nuestras banderas siguen más vivas que nunca: pleno financiamiento del estado a la educación superior pública, democracia universitaria, calidad y dignidad educativa, una universidad que se relacione con la sociedad y que sirva a la construcción de un proyecto de nación soberana y democrática. Con nuestras reivindicaciones y con una propuesta de ley alternativa de educación nos enfrentamos hoy al Acuerdo por lo Superior, una propuesta de política pública que retoma todo lo derrotado en 2011 y agrega nuevos elementos de quiebra financiera, degradación de la calidad académica y violación de la autonomía universitaria.

Hemos declarado este el día de la dignidad estudiantil, de la dignidad de un Pueblo que se levanta y que no se deja amedrentar, hoy más que nunca decimos que no cesaremos, que no nos intimida la pretensión de consenso del gobierno, ni las amenazas reiteradas, que hoy más que nunca creemos en la fuerza de la unión y la movilización social como baluartes en la defensa de nuestros derechos.
¡Que vivan los y las estudiantes, jardín de nuestra alegría!
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Carta pública al Ministerio de Educación Nacional: La tal crisis de la educación superior sí existe

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On domingo, 19 de octubre de 2014 0 comentarios
Bogotá, 17 de octubre de 2014

Señora
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad

Ref: La tal crisis de la educación superior sí existe

Para hacer realmente efectivo el derecho fundamental de la educación, el compromiso de un gobierno debe ser garantizar la financiación adecuada de sus instituciones.  En Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado la idea de ofertar educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por el contrario, la educación superior pública ha sido empujada al camino de la privatización estipulado en la Ley 30 de 1992, que en términos reales congeló el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior, desconociendo los costos marginales crecientes que éstas presentan debido al incremento de necesidades, capacitación docente, ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura, entre otras. Se trata de una educación con los recursos de 1992 y las necesidades de 2014. 

Tal despropósito ha ahogado presupuestalmente a las instituciones educativas, donde el gobierno pasó de financiar el 84% de su presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014, obligándolas a asumir el hueco financiero de múltiples formas, desde la venta de servicios, pasando por la creación de programas de baja calidad, el aumento de las matrículas y el endeudamiento, y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de profesores y trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica.

El gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que sus antecesores, han redirigido los recursos dispuestos para la educación pública, ya no para financiar directamente las instituciones, sino para alimentar y garantizar el sostenimiento del ICETEX. Mientras en el año 2004 se invertía $1 billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 los recursos del ICETEX fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto que ha dejado de llegar a las universidades directamente, y garantizar el subsidio a la oferta, termina endeudando a las familias colombianas, incentivando la demanda y profundizando la crisis.

Mientras el Gobierno calla sobre el vacío financiero que crece año a año, son las familias colombianas quienes pagan los platos rotos. Las familias están pagando en matrículas a las instituciones públicas $850 mil millones de pesos anualmente, que representa cerca del 34% del presupuesto que da el gobierno para el mismo período, y que fácilmente lo podría cubrir el Estado si existiera voluntad política. En el caso de las instituciones privadas, el desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor endeudamiento de los estudiantes y sus familias. No existe una correspondencia clara entre los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la infraestructura, dotación, o planta docente de las instituciones, y ante este aumento arbitrario el Ministerio de Educación mantiene un silencio cómplice.

La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos. 

Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.

El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.

El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.

Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra de interés por la educación superior, ni soluciona de algún modo, la grave situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las instituciones por impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que no son más que créditos condonables.
 
El desdén de Santos para no financiar adecuadamente la educación está soportado en decisiones políticas y no en argumentos técnicos. El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos deben dirigirse a las instituciones públicas sin condiciones. Es por esto que hemos reiterado en la necesidad de un plan de pago concertado por parte del Gobierno Nacional al déficit financiero de las universidades estatales, que hoy asciende a 12,5 billones de pesos [1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo representa alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es casi cuatro veces menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante a la cifra que las multinacionales minero energéticas, con la complacencia del Gobierno, dejan de pagar en impuestos año a año.

Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino para conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una auténtica autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han recorrido los países que son ejemplo en materia de educación a nivel mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034.

El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde a una imposibilidad financiera sino a una decisión política de acabar la educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores, trabajadores y a la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno Nacional  que cumpla con el pago de la deuda, a todas luces factible, e incremente los recursos transferidos directamente a las universidades públicas para el 2015.
Por un país con soberanía, democracia y paz.

Atentamente

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.


- Notas:





[4] CESU. Aportes de la mesa temática de financiamiento para la política pública de educación superior en Colombia. https://www.dropbox.com/s/5p9nqxaye1zo11e/0Mesa%20de%20Financiamiento%20%20Final.pdf?m=

[5]https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindesena.org%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F998--parafiscalidad-sena-reforma-tributaria-juan-pablo-sandoval-.html&ei=puc5VJXwJ4-ONoOfgKAM&usg=AFQjCNEFXIoGxHfgxh6Ep0dptNZzEFKhmw&sig2=cKcg_4WojLrEmANOxM4xGQ&bvm=bv.77161500,d.eX]

[6] http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:pros-y-contras-de-las-10-mil-becas-en-ies-acreditadas-prometidas-por-el-gobierno&catid=16:noticias&Itemid=198
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Convocatoria para la Jornada Nacional de Movilización del 16 de octubre de 2014

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On martes, 7 de octubre de 2014 2 comentarios

ESA POLÍTICA NO ES PÚBLICA

Por la No implementación del Acuerdo 2034 

Por un plan para solucionar el déficit presupuestal de las IES

Por Autonomía y Democracia para la educación



Jueves 16 de octubre: Jornada Nacional de Movilización

Con los últimos anuncios del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan ManuelSantos y la ministra Gina Parody ha quedado claro que busca profundizar el modelo educativo que fue derrotado en 2011 en su intento por introducir el ánimo de lucro, crear universidades mixtas, liquidar la calidad académica y la democracia en las instituciones, entre otras medidas.

Las declaraciones de la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, en laAudiencia Pública convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil el pasado 26 de septiembre, confirman que la política del Gobierno es privatizar la universidad pública y acabar con la calidad de la educación. La Viceministra reconoció quela disminución de recursos que ha deteriorado a las universidades públicas,también la ha llevado hacia la autofinanciación, y además ratificó que variosaspectos del Acuerdo por lo Superior 2034 serán incluidos en el Plan Nacionalde Desarrollo, valiéndose de las pocas garantías democráticas que tiene unproyecto de esa naturaleza para esconder una reforma a la educación superior delpaís.

Resulta lamentable que mientras el presupuesto de las universidades públicas para 2015 permanece prácticamente congelado en 2.5 billones de pesos, apenas el 50% de sus necesidades, Santos y la ministra Parody hagan demagogia ofreciendo unos créditos condonables a los que llaman “becas”. De esa manera desconocen olímpicamente el déficit de $12,5 billones de las 32 universidades públicas, deuda ocasionada tras la aplicación del equivocado esquema de financiación de la Ley30 de 1992 que puede resumirse en la fórmula: a mayor número de estudiantes, menores recursos. Mientras tanto, en las universidades públicas y privadascontinúan los aumentos de matrículas sin el debido control del Gobierno y seincentiva a la demanda, a través de los casi impagables créditos financieros.

El “Acuerdo”por lo Superior 2034, construido de manera antidemocrática, en lugar de presentar soluciones a la profunda crisis de la educación superior, insiste en las fracasadas políticas del Banco Mundial y la OCDE, las cuales han sido aplicadas en Colombia durante las ultimas décadas y cuyos resultados están a la vista: techos caídos, déficit presupuestal, situación laboral precaria para docentes y trabajadores, recorte de libertades democráticas, ataques a la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra, escaso presupuesto y postración de la ciencia y la investigación y un sinnúmero de males adicionales que ilustran el atraso del sector.

Son muchas las razones que tiene el movimiento estudiantil, la comunidad académica y la sociedad en general para manifestar su descontento frente a la desidia delGobierno con la educación superior y reclamar: 1. La no implementación delAcuerdo 2034, 2. Un plan concertado para el pago del déficit presupuestal delas Instituciones de Educación Superior, y 3. Condiciones de autonomía y democraciaen las IES. Con estas banderas, desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,invitamos a la comunidad educativa y a la sociedad colombiana a participar enla próxima Jornada Nacional de Movilización que se llevará a cabo en todo elpaís el próximo jueves 16 de octubre de 2014. De la misma manera invitamos a participaren la Semana por la Educación y todas las actividades referentes, y a estar alerta frente a todas las posibles reformas que el Gobierne se proponga acometer alrededor del nefasto Acuerdo 2034.

Por un país con soberanía,democracia y paz,

Mesa Amplia Nacional Estudiantil
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136 lineamientos para la privatización ¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior!

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On martes, 5 de agosto de 2014 0 comentarios
Estudiantes miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil manifiestan su inconformidad en el evento de lanzamiento del "Acuerdo por los Superior 2034" el pasado 4 de agosto de 2014.

136 lineamientos para la privatización
¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior!

En el año 2011 después de las masivas movilizaciones estudiantiles que obligaron al Gobierno Nacional a retirar el proyecto de Reforma a la Ley 30 del Congreso de la República, los y las estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se dieron a la tarea de construir una Propuesta Alternativa de Educación Superior. (http://bit.ly/1o80T7K)

Para dicha tarea y por iniciativa de la MANE se celebró una reunión entre el Ministerio y los voceros de los estudiantes en la que la MANE planteó la necesidad de elaborar una metodología de construcción  democrática que desembocara en una propuesta para solucionar la crisis de la educación superior (http://bit.ly/1srW5KU). La respuesta del gobierno fue afirmar que el único espacio válido para discutir era el ya definido por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, desde el cual se buscaría concretar una política pública en el marco del “gran dialogo nacional”. Así las cosas, a la MANE no le quedaba más que acogerse a las reglas de juego establecidas de antemano por ellos. Cabe recordar que el CESU es un órgano controlado por el gobierno nacional, quien elige de manera directa o indirecta a más de la mitad de sus miembros y en el que los estudiantes y profesores solo tienen el 11% de la participación. Además, la MANE citó al Ministerio de Educación a siete debates públicos, la ministra no se hizo presente en ninguno y más de una vez el viceministro de educación superior, quien fungía como su delegado, abandonaba los recintos intempestivamente.

Con el propósito de confundir a la sociedad colombiana, el gobierno Santos y la ministra Campo afirman que la MANE participó y dio aportes al “Acuerdo por lo Superior 2034”, aunque el mismo documento confiesa que esa participación se dio porque el CESU “analizó los comentarios públicos y en redes sociales de la MANE” (Pg. 37). Una idea bastante distinta de democracia tiene el estudiantado. Esta debe surgir del debate participativo, de la discusión abierta en las universidades y plazas públicas  y reconociendo la pluralidad de posiciones. La democracia parte incluso de definir entre diferentes los métodos para discutir, cuestión que como se dijo,  no fue lo que hicieron quienes hoy afirman tener una “política pública” que recoge a todos los sectores y actores educativos del país.
                                                                                                                   
El “Acuerdo por lo superior” contempla 136 lineamientos que obedecen, en su gran mayoría, a las recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE y que busca abrir paso a la implementación de las  disposiciones contenidas en los TLC y demás tratados multilaterales como la Alianza del Pacífico, frente a las cuales la MANE ya se ha pronunciado (http://bit.ly/1o9hVBM). Más grave aún es que según dijo la ministra Campo, estos lineamientos “ya están siendo implementados”. La política pública ya está siendo introducida por diferentes vías como lo son las reformas institucionales en las universidades y demás Instituciones de Educación Superior, y se seguirán implementando por los entes territoriales, las distintas entidades que forman parte del sector educativo o por medio de leyes, actos legislativos o decretos, en un claro intento por dispersar la aplicación y minimizar los seguros reparos que estás medidas significan.

Es tan evidente la falta de participación del Movimiento Estudiantil y del grueso del profesorado que los principales problemas de la educación superior en Colombia brillan por su ausencia en el equívoco diagnóstico que el MEN y el CESU hacen en el “Acuerdo por lo Superior 2034”. No puede hacerse un balance positivo de la Ley 30 cuando está ha llevado a las universidades públicas a pasar de 150.000 estudiantes en 1992 a cerca de 650.000 en 2014, y ¡todo con los mismos recursos de hace 22 años!. El desaforado aumento de cobertura ha ido en claro detrimento de la calidad, prueba de ellos es el rezago en infraestructura, el penoso rol de la Ciencia y la Tecnología en nuestro sistema educativo y la precariedad laboral de los docentes. El tal “Acuerdo por lo Superior 2034” es otra forma de profundizar un modelo que concibe la educación como mercancía y no como derecho fundamental. Estos planteamientos son muy distintos a los planteados por la MANE en su propuesta, que además de ayudar a resolver los graves e históricos problemas del sistema de educación superior (financiación, autonomía y democracia, infraestructura, bienestar universitario…) concibe la educación como un derecho fundamental y bien común, apuntalando así un sistema de educación superior auténticamente  al servicio de TODA la sociedad Colombiana.

Varios cuestionamientos surgen frente a esta política pública llamada “Acuerdo por lo Superior”, la cual haciendo honor a su nombre, es un acuerdo por las alturas, un acuerdo que implica un evidente desconocimiento de las demandas centrales que el movimiento estudiantil, los profesores y trabajadores del sector educativo, así como el grueso del movimiento social y popular, han puesto sobre la mesa en cuanto al fortalecimiento de la educación pública como derecho fundamental y bien común, lo que implica el reconocimiento del déficit de $12.5 billones de pesos que tienen las 32 universidades públicas y el grave problema de los créditos educativos y la cartera morosa del 34 % del ICETEX.

Insistir en una manoseada visión de la paz para pretextar y viabilizar una educación puesta al servicio de la economía neoliberal, es continuar con un país que profundiza la grave crisis ambiental, los conflictos sociales, la antidemocracia, la dependencia de nuestra economía y la miseria de las mayorías del país. Por ello llamamos a toda la sociedad colombiana, incluidos los rectores y académicos que otrora se opusieron al proyecto de reforma neoliberal en 2011 a no creer en los cantos de sirena del gobierno que dejan intactos los problemas estructurales y en su lugar a conocer y fortalecer la Propuesta Alternativa que desde las universidades, colegios, hogares y calles se construyó para sacar del atraso a la educación superior colombiana y avanzar hacia una nueva educación para un país con Soberanía, Democracia y Paz.

¡No a un acuerdo por lo superior!
¡Esa política no es pública!
¡Viva el movimiento estudiantil en Colombia y su propuesta alternativa!


Comisión Nacional de Vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
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