Carta pública al Ministerio de Educación Nacional: La tal crisis de la educación superior sí existe

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On domingo, 19 de octubre de 2014 0 comentarios
Bogotá, 17 de octubre de 2014

Señora
GINA PARODY
Ministerio de Educación Nacional
La Ciudad

Ref: La tal crisis de la educación superior sí existe

Para hacer realmente efectivo el derecho fundamental de la educación, el compromiso de un gobierno debe ser garantizar la financiación adecuada de sus instituciones.  En Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado la idea de ofertar educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por el contrario, la educación superior pública ha sido empujada al camino de la privatización estipulado en la Ley 30 de 1992, que en términos reales congeló el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior, desconociendo los costos marginales crecientes que éstas presentan debido al incremento de necesidades, capacitación docente, ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura, entre otras. Se trata de una educación con los recursos de 1992 y las necesidades de 2014. 

Tal despropósito ha ahogado presupuestalmente a las instituciones educativas, donde el gobierno pasó de financiar el 84% de su presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014, obligándolas a asumir el hueco financiero de múltiples formas, desde la venta de servicios, pasando por la creación de programas de baja calidad, el aumento de las matrículas y el endeudamiento, y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de profesores y trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica.

El gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que sus antecesores, han redirigido los recursos dispuestos para la educación pública, ya no para financiar directamente las instituciones, sino para alimentar y garantizar el sostenimiento del ICETEX. Mientras en el año 2004 se invertía $1 billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 los recursos del ICETEX fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto que ha dejado de llegar a las universidades directamente, y garantizar el subsidio a la oferta, termina endeudando a las familias colombianas, incentivando la demanda y profundizando la crisis.

Mientras el Gobierno calla sobre el vacío financiero que crece año a año, son las familias colombianas quienes pagan los platos rotos. Las familias están pagando en matrículas a las instituciones públicas $850 mil millones de pesos anualmente, que representa cerca del 34% del presupuesto que da el gobierno para el mismo período, y que fácilmente lo podría cubrir el Estado si existiera voluntad política. En el caso de las instituciones privadas, el desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor endeudamiento de los estudiantes y sus familias. No existe una correspondencia clara entre los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la infraestructura, dotación, o planta docente de las instituciones, y ante este aumento arbitrario el Ministerio de Educación mantiene un silencio cómplice.

La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos. 

Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta incertidumbre de que lleguen algún día.

El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones.

El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior.

Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra de interés por la educación superior, ni soluciona de algún modo, la grave situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las instituciones por impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que no son más que créditos condonables.
 
El desdén de Santos para no financiar adecuadamente la educación está soportado en decisiones políticas y no en argumentos técnicos. El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos deben dirigirse a las instituciones públicas sin condiciones. Es por esto que hemos reiterado en la necesidad de un plan de pago concertado por parte del Gobierno Nacional al déficit financiero de las universidades estatales, que hoy asciende a 12,5 billones de pesos [1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo representa alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es casi cuatro veces menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante a la cifra que las multinacionales minero energéticas, con la complacencia del Gobierno, dejan de pagar en impuestos año a año.

Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino para conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una auténtica autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han recorrido los países que son ejemplo en materia de educación a nivel mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034.

El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde a una imposibilidad financiera sino a una decisión política de acabar la educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores, trabajadores y a la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno Nacional  que cumpla con el pago de la deuda, a todas luces factible, e incremente los recursos transferidos directamente a las universidades públicas para el 2015.
Por un país con soberanía, democracia y paz.

Atentamente

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.


- Notas:





[4] CESU. Aportes de la mesa temática de financiamiento para la política pública de educación superior en Colombia. https://www.dropbox.com/s/5p9nqxaye1zo11e/0Mesa%20de%20Financiamiento%20%20Final.pdf?m=

[5]https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsindesena.org%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F998--parafiscalidad-sena-reforma-tributaria-juan-pablo-sandoval-.html&ei=puc5VJXwJ4-ONoOfgKAM&usg=AFQjCNEFXIoGxHfgxh6Ep0dptNZzEFKhmw&sig2=cKcg_4WojLrEmANOxM4xGQ&bvm=bv.77161500,d.eX]

[6] http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:pros-y-contras-de-las-10-mil-becas-en-ies-acreditadas-prometidas-por-el-gobierno&catid=16:noticias&Itemid=198
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Convocatoria para la Jornada Nacional de Movilización del 16 de octubre de 2014

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On martes, 7 de octubre de 2014 2 comentarios

ESA POLÍTICA NO ES PÚBLICA

Por la No implementación del Acuerdo 2034 

Por un plan para solucionar el déficit presupuestal de las IES

Por Autonomía y Democracia para la educación



Jueves 16 de octubre: Jornada Nacional de Movilización

Con los últimos anuncios del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan ManuelSantos y la ministra Gina Parody ha quedado claro que busca profundizar el modelo educativo que fue derrotado en 2011 en su intento por introducir el ánimo de lucro, crear universidades mixtas, liquidar la calidad académica y la democracia en las instituciones, entre otras medidas.

Las declaraciones de la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, en laAudiencia Pública convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil el pasado 26 de septiembre, confirman que la política del Gobierno es privatizar la universidad pública y acabar con la calidad de la educación. La Viceministra reconoció quela disminución de recursos que ha deteriorado a las universidades públicas,también la ha llevado hacia la autofinanciación, y además ratificó que variosaspectos del Acuerdo por lo Superior 2034 serán incluidos en el Plan Nacionalde Desarrollo, valiéndose de las pocas garantías democráticas que tiene unproyecto de esa naturaleza para esconder una reforma a la educación superior delpaís.

Resulta lamentable que mientras el presupuesto de las universidades públicas para 2015 permanece prácticamente congelado en 2.5 billones de pesos, apenas el 50% de sus necesidades, Santos y la ministra Parody hagan demagogia ofreciendo unos créditos condonables a los que llaman “becas”. De esa manera desconocen olímpicamente el déficit de $12,5 billones de las 32 universidades públicas, deuda ocasionada tras la aplicación del equivocado esquema de financiación de la Ley30 de 1992 que puede resumirse en la fórmula: a mayor número de estudiantes, menores recursos. Mientras tanto, en las universidades públicas y privadascontinúan los aumentos de matrículas sin el debido control del Gobierno y seincentiva a la demanda, a través de los casi impagables créditos financieros.

El “Acuerdo”por lo Superior 2034, construido de manera antidemocrática, en lugar de presentar soluciones a la profunda crisis de la educación superior, insiste en las fracasadas políticas del Banco Mundial y la OCDE, las cuales han sido aplicadas en Colombia durante las ultimas décadas y cuyos resultados están a la vista: techos caídos, déficit presupuestal, situación laboral precaria para docentes y trabajadores, recorte de libertades democráticas, ataques a la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra, escaso presupuesto y postración de la ciencia y la investigación y un sinnúmero de males adicionales que ilustran el atraso del sector.

Son muchas las razones que tiene el movimiento estudiantil, la comunidad académica y la sociedad en general para manifestar su descontento frente a la desidia delGobierno con la educación superior y reclamar: 1. La no implementación delAcuerdo 2034, 2. Un plan concertado para el pago del déficit presupuestal delas Instituciones de Educación Superior, y 3. Condiciones de autonomía y democraciaen las IES. Con estas banderas, desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil,invitamos a la comunidad educativa y a la sociedad colombiana a participar enla próxima Jornada Nacional de Movilización que se llevará a cabo en todo elpaís el próximo jueves 16 de octubre de 2014. De la misma manera invitamos a participaren la Semana por la Educación y todas las actividades referentes, y a estar alerta frente a todas las posibles reformas que el Gobierne se proponga acometer alrededor del nefasto Acuerdo 2034.

Por un país con soberanía,democracia y paz,

Mesa Amplia Nacional Estudiantil
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136 lineamientos para la privatización ¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior!

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On martes, 5 de agosto de 2014 0 comentarios
Estudiantes miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil manifiestan su inconformidad en el evento de lanzamiento del "Acuerdo por los Superior 2034" el pasado 4 de agosto de 2014.

136 lineamientos para la privatización
¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior!

En el año 2011 después de las masivas movilizaciones estudiantiles que obligaron al Gobierno Nacional a retirar el proyecto de Reforma a la Ley 30 del Congreso de la República, los y las estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se dieron a la tarea de construir una Propuesta Alternativa de Educación Superior. (http://bit.ly/1o80T7K)

Para dicha tarea y por iniciativa de la MANE se celebró una reunión entre el Ministerio y los voceros de los estudiantes en la que la MANE planteó la necesidad de elaborar una metodología de construcción  democrática que desembocara en una propuesta para solucionar la crisis de la educación superior (http://bit.ly/1srW5KU). La respuesta del gobierno fue afirmar que el único espacio válido para discutir era el ya definido por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, desde el cual se buscaría concretar una política pública en el marco del “gran dialogo nacional”. Así las cosas, a la MANE no le quedaba más que acogerse a las reglas de juego establecidas de antemano por ellos. Cabe recordar que el CESU es un órgano controlado por el gobierno nacional, quien elige de manera directa o indirecta a más de la mitad de sus miembros y en el que los estudiantes y profesores solo tienen el 11% de la participación. Además, la MANE citó al Ministerio de Educación a siete debates públicos, la ministra no se hizo presente en ninguno y más de una vez el viceministro de educación superior, quien fungía como su delegado, abandonaba los recintos intempestivamente.

Con el propósito de confundir a la sociedad colombiana, el gobierno Santos y la ministra Campo afirman que la MANE participó y dio aportes al “Acuerdo por lo Superior 2034”, aunque el mismo documento confiesa que esa participación se dio porque el CESU “analizó los comentarios públicos y en redes sociales de la MANE” (Pg. 37). Una idea bastante distinta de democracia tiene el estudiantado. Esta debe surgir del debate participativo, de la discusión abierta en las universidades y plazas públicas  y reconociendo la pluralidad de posiciones. La democracia parte incluso de definir entre diferentes los métodos para discutir, cuestión que como se dijo,  no fue lo que hicieron quienes hoy afirman tener una “política pública” que recoge a todos los sectores y actores educativos del país.
                                                                                                                   
El “Acuerdo por lo superior” contempla 136 lineamientos que obedecen, en su gran mayoría, a las recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE y que busca abrir paso a la implementación de las  disposiciones contenidas en los TLC y demás tratados multilaterales como la Alianza del Pacífico, frente a las cuales la MANE ya se ha pronunciado (http://bit.ly/1o9hVBM). Más grave aún es que según dijo la ministra Campo, estos lineamientos “ya están siendo implementados”. La política pública ya está siendo introducida por diferentes vías como lo son las reformas institucionales en las universidades y demás Instituciones de Educación Superior, y se seguirán implementando por los entes territoriales, las distintas entidades que forman parte del sector educativo o por medio de leyes, actos legislativos o decretos, en un claro intento por dispersar la aplicación y minimizar los seguros reparos que estás medidas significan.

Es tan evidente la falta de participación del Movimiento Estudiantil y del grueso del profesorado que los principales problemas de la educación superior en Colombia brillan por su ausencia en el equívoco diagnóstico que el MEN y el CESU hacen en el “Acuerdo por lo Superior 2034”. No puede hacerse un balance positivo de la Ley 30 cuando está ha llevado a las universidades públicas a pasar de 150.000 estudiantes en 1992 a cerca de 650.000 en 2014, y ¡todo con los mismos recursos de hace 22 años!. El desaforado aumento de cobertura ha ido en claro detrimento de la calidad, prueba de ellos es el rezago en infraestructura, el penoso rol de la Ciencia y la Tecnología en nuestro sistema educativo y la precariedad laboral de los docentes. El tal “Acuerdo por lo Superior 2034” es otra forma de profundizar un modelo que concibe la educación como mercancía y no como derecho fundamental. Estos planteamientos son muy distintos a los planteados por la MANE en su propuesta, que además de ayudar a resolver los graves e históricos problemas del sistema de educación superior (financiación, autonomía y democracia, infraestructura, bienestar universitario…) concibe la educación como un derecho fundamental y bien común, apuntalando así un sistema de educación superior auténticamente  al servicio de TODA la sociedad Colombiana.

Varios cuestionamientos surgen frente a esta política pública llamada “Acuerdo por lo Superior”, la cual haciendo honor a su nombre, es un acuerdo por las alturas, un acuerdo que implica un evidente desconocimiento de las demandas centrales que el movimiento estudiantil, los profesores y trabajadores del sector educativo, así como el grueso del movimiento social y popular, han puesto sobre la mesa en cuanto al fortalecimiento de la educación pública como derecho fundamental y bien común, lo que implica el reconocimiento del déficit de $12.5 billones de pesos que tienen las 32 universidades públicas y el grave problema de los créditos educativos y la cartera morosa del 34 % del ICETEX.

Insistir en una manoseada visión de la paz para pretextar y viabilizar una educación puesta al servicio de la economía neoliberal, es continuar con un país que profundiza la grave crisis ambiental, los conflictos sociales, la antidemocracia, la dependencia de nuestra economía y la miseria de las mayorías del país. Por ello llamamos a toda la sociedad colombiana, incluidos los rectores y académicos que otrora se opusieron al proyecto de reforma neoliberal en 2011 a no creer en los cantos de sirena del gobierno que dejan intactos los problemas estructurales y en su lugar a conocer y fortalecer la Propuesta Alternativa que desde las universidades, colegios, hogares y calles se construyó para sacar del atraso a la educación superior colombiana y avanzar hacia una nueva educación para un país con Soberanía, Democracia y Paz.

¡No a un acuerdo por lo superior!
¡Esa política no es pública!
¡Viva el movimiento estudiantil en Colombia y su propuesta alternativa!


Comisión Nacional de Vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
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FACULTADES EXCESIVAS DE LA PROCURADURÍA

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On lunes, 16 de diciembre de 2013 1 comentarios

       La Procuraduría goza de facultades excesivas y Ordóñez abusa de ellas
                        MANE- Comunicado a la opinión pública-

El pasado 9 de diciembre Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, anunció la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aduciendo irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo de la ciudad.  


Antes había hecho lo propio con la ex senadora Piedad Córdoba, y abrió proceso contra varios funcionarios en el marco de una evidente persecución política, contraria a un país sin inquisiciones, sin censuras, y con garantías políticas. La determinación de la Procuraduría fue destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos. 
Rechazamos la destitución de Gustavo Petro y de todos aquellos que han actuado en el marco de la democracia. 

  
El movimiento estudiantil lamenta esta decisión que representa grave trastorno para el trascurrir de la ciudad y sus pobladores. En cuanto a la educación, por ejemplo, entraba la agenda local en la discusión sobre asuntos pendientes como la difícil situación de la Universidad Distrital, el proyecto de renovación urbana del CAN, que afectaría terrenos del campus capitalino de la Universidad Nacional, entre otros más.
 La sanción proferida por el Procurador abre la discusión sobre sus facultades en el actual esquema institucional. La Constituyente de 1991 aprobó el artículo 278, que le otorga la función de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en determinadas faltas, incluidos los de elección popular.
Si bien deben existir órganos de control para el ejercicio adecuado de la función pública y contra la corrupción administrativa, es necesario que existan formas de garantizar la democracia. La Constituyente del 91 se equivocó al asignarle facultades excesivas a la Procuraduría General de la Nación, las que además han sido utilizadas abusivamente por Alejandro Ordóñez, en particular cuando se refiere a los funcionarios públicos de elección popular. 

En consecuencia, coincidimos plenamente con la ciudadanía que ha rechazado este y muchos más despropósitos salidos del Procurador Ordóñez cuya elección y reelección se han soportado principalmente en las mayorías políticas de la Unidad Nacional, liderada por Juan Manuel Santos. 
Llamamos a los estudiantes de Colombia, independientemente de su forma de pensar, de sus afectos políticos y preferencias, a abrir un debate desde las aulas y movilizarse por la democracia verdadera en Colombia.

Así como sucede con los funcionarios públicos que no se encuentran de acuerdo con el procurador, el movimiento estudiantil ha sufrido de las prácticas antidemocráticas del actual régimen que ni siquiera estuvo dispuesto a sentarse en una mesa a dialogar con los estudiantes sobre la política de educación superior en Colombia, pese a las promesas de la ministra y el mismo Santos en 2011.

La sociedad colombiana no puede elegir o reelegir un gobierno que responde con cárcel, montajes judiciales y represión ante las aspiraciones democráticas de los diferentes sectores de la sociedad, tal como se ha evidenciado en Colombia con el incumplimiento de los acuerdos con el agro, y lo que sucedió con el movimiento estudiantil cuando el gobierno cerró todas las vías del diálogo y la participación.

Necesitamos una educación para la democracia, y una democracia para la educación. El pueblo colombiano la seguirá empujando con indignación y determinación.


POR UNA NUEVA EDUCACIÓN PARA UN PAÍS CON SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y PAZ!

Comisión de vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE
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COMUNICADO AL PUEBLO COLOMBIANO Y LA OPINIÓN PÚBLICA: Sobre la participación electoral y la MANE

Posted by Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia On lunes, 2 de diciembre de 2013 9 comentarios

AL PUEBLO COLOMBIANO Y LA OPINIÓN PÚBLICA


Ante la actual coyuntura electoral




 

La Comisión Nacional de Vocerías de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, declara:


1. La MANE es una  organización en la que participan diferentes expresiones del estudiantado  Colombiano. En el marco de esta diversidadla MANE no avala ni condena la participación en elecciones, construye un horizonte común en defensa y lucha por la educación en Colombia. Cada estudiante participa a conciencia bajo su criterio y determinación.

2. La MANE no ha definido en sus plenarios nacionales avalar o respaldar candidatos al parlamento o a la presidencia. Su participación política se lleva a cabo a través de la indignación, la movilización, la organización, la protesta y la propuesta alternativa.

3. La prioridad del movimiento estudiantil es trabajar con el pueblo colombiano y todos aquellos que sin importar su ideología o filiación partidaria defienden los derechos de la protesta y la propuesta en miras a una educación con soberanía democracia y Paz.

4. La MANE es plural y está compuesta por expresiones variopintas en lo político, lo económico, lo social, y lo cultural en razón de su carácter de movimiento gremialparticipamos en política desde nuestra autonomía y quehacer, sin cercenar las iniciativas de nadie, partiendo de que la MANE está donde están las luchas estudiantiles que masiva y creativamente exigen un tratamiento democrático y oportuno a la crisis universitaria que atraviesa el país.

5. Llamamos al estudiantado a reconverger en un proceso de unidad, pluralidad, respeto, creatividad y amplitud, para fortalecer la MANE y su legado: un movimiento estudiantil que desde la movilización creativa y propositiva trabaja por transformar el modelo de educación en Colombia.

6. Consideramos, como el actor estudiantil y  social que somos en la vida del país, que en la actual coyuntura preelectoral, los actores políticos de todos los tintes deben manifestar con claridad su lectura de la educación superior en Colombia, que con tanta desidia ha sido tratada durante los últimos gobiernos.

7. Más allá de la preferencia u orientación política que se pueda tener, es un imperativo reconocer el fracaso de la actual Ley 30 de 1992, y la reforma neoliberal a la educación y los derechos sociales, profundizada tanto por el gobierno de Uribe como por el de Juan Manuel Santos y la ministra Campo

Los estudiantes comprenden que no va ser reeligiendo al Uribismo o al Santismo, impulsores del ánimo de lucro, como se va resolver la crisis universitaria. Por el contrario, el carácter del actual régimen político en Colombia tiende a profundizar la crisis. La ley 30 ha desfinanciado la educación superior suprimiendo y ahogando paulatinamente la Universidad Pública, degradando su calidad y manteniendo en pésimas condiciones la infraestructura en las universidades de Colombia, mientras mercantiliza el derecho a través de los onerosos créditos educativos usados para financiar las altas matriculas en las universidades privadas.

8. La MANE exhorta a la apertura de un debate político desde la comunidad académica hacia la sociedad colombiana, hacia el reconocimiento de la crisis educativa en el país para movilizarnos por soluciones y apuestas nuevas como el proyecto de ley alternativa de la MANE junto con los demás estamentos de la comunidad académica.

La alternativa que el movimiento estudiantil le propone a Colombia plantea un sistema basado en la concepción de la educación superior como derecho fundamental, bien común, sin ánimo de lucro, financiada adecuadamente por el Estado, de alta calidad, que ejerza su autonomía con democracia y que esté de cara a los problemas de la sociedad colombiana, para la construcción de un país con soberanía, democracia y paz.

La MANE exhorta al estudiantado y la sociedad colombiana a movilizarse por este propósito para la defensa de la educación en Colombia.


Comisión Nacional de Vocerías, Mesa Amplia Nacional Estudiantil



POR UNA NUEVA EDUCACIÓN PARA UN PAÍS CON SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y PAZ!

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