Alerta Social: A un año de detenciones arbitrarias,
posible agudización de la crisis humanitaria en las IES.
El proceso del
actual movimiento estudiantil, congregado alrededor de la MANE compone uno de
los avances organizativos y políticos más grandes de la historia del
estudiantado colombiano, los objetivos y metas que se han trazado los
estudiantes trascienden una lucha de resistencia a las políticas consideradas
nocivas para el sistema educativo y pasan a ser hacia la construcción de un
nuevo sistema de educación superior mediante amplias jornadas democráticas de
movilización y deliberación lideradas por la MANE.
En el marco de lo
anterior, las medidas represivas contra el estudiantado colombiano no se han
hecho esperar, este 2 de Octubre se cumple un año de encarcelamiento de
nuestros compañeros Jorge Gaitán, Carlos Lugo y Omar Marín para quienes
exigimos el respeto y garantía al debido proceso, y que no sean víctimas de
montajes judiciales ni de persecución por sus labores políticas, además, este
12 de Octubre se cumple un año de la muerte de nuestro compañero Jan Farid Cheng
Lugo, el cual en extraños hechos todavía no esclarecidos por la justicia
colombiana, según el reporte de medicina legal, fue “un homicidio por artefacto
explosivo”, también hemos visto como varios compañeros estudiantes,
trabajadores, profesores y procesos de distintas universidades del país han
sido amenazados por parte del paramilitarismo y otras fuerzas reaccionarias,
cosa que no es una práctica nueva en contra de movimientos sociales y políticos
de oposición en Colombia.
En el mismo sentido
por parte del brazo armado del Estado, el estudiantado ha venido sufriendo
hostigamientos y medidas arbitrarias contra el derecho a
la movilización y protesta por parte de la Policía, especialmente el Escuadrón
Móvil Anti Disturbios, finalmente, es necesario resaltar las medidas represivas
adoptadas por las Instituciones de Educación Superior a través de los estatutos
antidemocráticos, decisiones arbitrarias y ausencia de mecanismos vinculantes
de participación en contra de las libertades democráticas hacia estudiantes,
trabajadores y profesores que han decidido organizarse y sumarse a los
esfuerzos de la MANE, medidas que van desde represiones académicas hasta
sanciones disciplinarias en contra de los estudiantes, y amenazas de despido,
suspensión o recorte del salario y cambio de condiciones laborales para el caso
de profesores y trabajadores, vulnerando así el derecho a la asociación consagrado
en nuestra constitución política, muestra de lo cual es la situación de la
Universidad del Atlántico y de la Universidad de Córdoba, donde estas
violaciones generalizadas por el país se presentan de forma más contundente.
En balance, vemos
con alta preocupación todos estos hostigamientos, medidas arbitrarias,
sanciones, amenazas, atentados, persecuciones y demás hechos en contra de los
estudiantes, profesores y trabajadores de las Instituciones de Educación
Superior de Colombia, que denotan altos niveles de represión en donde las
garantías para el derecho a la asociación, a la movilización y esencialmente
para el ejercicio de la democracia se han visto seriamente vulneradas, hechos
que además parecen no cesar y que nos alertan sobre el devenir del proceso de
la MANE.
Alertamos a la comunidad nacional
e internacional, a las comunidades académicas, a las organizaciones defensoras
de derechos humanos a nivel nacional e internacional, sobre una posible
arremetida represiva en contra del movimiento estudiantil en el marco de las
fechas de movilización y espacios de deliberación que se avecinan en el
cronograma de la MANE, en donde los montajes judiciales, detenciones masivas
y/o arbitrarias, persecución, estigmatización, represión violenta, amenazas y
demás medidas coercitivas por parte del Estado y el paramilitarismo y otras
fuerzas reaccionarias, se pueden dar en el entendido de que así ha venido
ocurriendo en los momentos álgidos de la movilización y confrontación política
de la MANE con el gobierno, y en general de los movimientos sociales y políticos
con el mismo, además en relación con los hechos ocurridos en las ultimas
fechas.
Rechazamos todas las medidas
represivas adoptadas por parte del Estado colombiano en cabeza del gobierno de
Juan Manuel Santos en contra del estudiantado y el movimiento social en
general, medidas que se manifiestan de distintas formas, las cuales pasan por
el amedrentamiento en las movilizaciones por parte de la policía, hasta la
criminalización y montajes judiciales en contra de los estudiantes, profesores
y trabajadores, así mismo, rechazamos las amenazas y atentados en contra de los
estudiantes por parte del paramilitarismo y otras fuerzas reaccionarias, a la
vez que, responsabilizamos al Estado colombiano por el accionar del mismo, por
no garantizar la seguridad y garantías políticas para la participación y
construcción colectivas, también
rechazamos las medidas violatorias a los derechos a la asociación y a la
protesta por parte de las Instituciones de Educación Superior que desde sus
espacios de dirección han reprimido de diversas formas a los distintos
estamentos de las comunidades que las componen.
Responsabilizamos al Estado
colombiano y al gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos por todas las
violaciones a los Derechos Humanos en contra de la comunidad educativa.
Solicitamos a las diferentes
organizaciones, sociales y populares, defensoras de derechos humanos, ONGs y
demás, acompañar el proceso de movilización del estudiantado, y brindar su
respaldo para blindarlo tanto política como jurídicamente.
Exigimos al Estado colombiano, a
la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a las directivas y
administraciones de las Instituciones de Educación Superior el debido respeto
de los derechos humanos y constitucionales a la asociación, movilización,
protesta y ejercicio de la democracia, entendiendo que solamente a través del
respeto a las voluntades políticas de la sociedad civil para la conducción del
país se puede verdaderamente garantizar un orden democrático y el respeto al
constituyente primario, así mismo exigimos al Estado colombiano el cese a la
criminalización de la MANE y al movimiento social en general, en donde las
voces, voluntades y propuestas políticas de los integrantes del mismo no sean
acalladas vía judicialización a su accionar, estigmatización, falsos
señalamientos y montajes judiciales, lo anterior como un paso esencial para la
construcción de la soberanía, la democracia y la paz, a partir de la garantía y
el respeto al conjunto de los derechos y libertades democráticas, como base
mínima de las transformaciones
necesarias para la consecución de un país con soberanía, democracia y paz.
Comisión
Nacional de Derechos Humanos
Mesa
Amplia Nacional Estudiantil – MANE.
30 de
septiembre de 2012
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