En medio de la grave situación de la economía mundial y la frenética firma de varios Tratados de Libre Comercio que castigan la producción, el mercado interno y con ello las condiciones de vida y trabajo del pueblo, en Colombia, al mejor estilo de Grecia o España, también se aplica la receta de cargar sobre los hombros de la clase trabajadora las consecuencias de la crisis. Pese al fuerte rechazo que ha despertado, avanza la reforma tributaria en el congreso con la bendición del Fondo Monetario Internacional y el impulso del santismo. Todo indica que con este trámite el gobierno parece decidido a repetir la formula de la derrotada reforma a la educación y la fallida reforma a la justicia: ausencia de democracia, tanto en la discusión como en el contenido.

La reforma tributaria propone el cambio de fuente de financiación de instituciones como el SENA, el ICBF y del sistema de seguridad social en salud de los trabajadores. Para esto, propone la eliminación de los aportes parafiscales que provienen del 5% de la nomina de las empresas, fruto del sudor de los trabajadores y que tienen destinación especifica al SENA y el ICBF, así como el aporte a salud del 8.5 % que le corresponde al empleador. La nueva fuente de financiación de estas instituciones y la salud de los trabajadores provendría de un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas denominado “impuesto para la equidad CREE”. 

Esta propuesta tiene varios problemas, en primer lugar mientras el gobierno anuncia que con la reforma tributaria se crearan y formalizarán cerca de 1 millón de puestos de trabajo, varios estudios técnicos y académicos, entre ellos el del profesor Stefano Ferné del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, afirman basados en la experiencia de pasadas reformas del orden nacional e internacional,  que “a pesar de haber rebajado los impuestos a la nómina de las empresas, no han registrado avances significativos en términos de empleo”. Es decir, sin sonrojarse repiten las falsas promesas de la Ley de primer empleo, de la ley 789 de 2002 y de otras tantas reformas orientadas a rebajar costos laborales sobre la tramposa expectativa de la creación de empleo. Una vez más, reafirman como dogma religioso, la fracasada teoría de que para formalizar el empleo es necesario reducir los costos de contratación. Veinte años de cruda realidad y casi el 70% de los trabajadores sumidos en el desempleo y la informalidad no parecen ser suficientes para los pregoneros a ultranza de dicha receta neoliberal.

En segundo lugar y en referencia a la propuesta del nuevo impuesto -CREE-, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, admitió que los recursos no serán suficientes al afirmar de manera irresponsable que se inventó el 8%, porcentaje que se le cobraría a las utilidades de las empresas para financiar el SENA, ICBF y la salud de los trabajadores, además reconoció que no hay estudios que sustenten el cambio de fuente de financiación porque le dio “mamera” hacerlos. La reforma condena a estas instituciones al desfinanciamiento permanente ya que los nuevos recursos que dependen de las volátiles ganancias de las empresas, se vuelven inciertos e insuficientes. Según expertos, si durante los últimos 10 años estas instituciones se hubiesen financiado con el impuesto CREE y no con los aportes parafiscales de la actualidad, hubiesen recibido entre 20% y 30 % de presupuesto.

Paralelo al ataque al SENA y demás instituciones, el proyecto del ministro Cárdenas no transforma la inequidad de la estructura tributaria en Colombia, al contrario, profundiza la característica altamente regresiva e inicua que ha imperado en los últimos 40 años: mientras el impuesto a la renta paso de participar en la recaudación total del 70% al 57% entre 1970 y 2011, los impuestos al consumo, regresivos por definición, incluido el IVA, pasaron del 2% al 30% en el mismo periodo. Así lo advierte la MANE en la exposición de motivos de su proyecto alternativo de educación superior al afirmar que “quienes tienen altas rentas gozan de grandes beneficios tributarios y no aportan significativamente en el recaudo nacional, mientras que la inmensa mayoría de los colombianos que se encuentran en condiciones de pobreza, destinan gran parte de sus ingresos al pago de impuestos al consumo.” Esta tendencia retardataria se inicio con la apertura económica y la introducción de la lógica neoliberal en el país y desde entonces en Colombia se le han disminuido los impuestos a las utilidades de las empresas, es decir, al capital, para cobrárselos a los trabajadores.

En el proyecto se mantiene y profundiza esta tendencia, ya que a empresas que han acumulado ganancias nunca antes vistas como Cerrejon, BavariaSabMilller, Pacific Rubiales y Claro, propiedad del hombre mas rico del mundo, así como al sector financiero, que terminará el año con ganancias superiores a los ¡30 billones de pesos! se les rebajará el impuesto de renta del 33% al 25%. El impuesto de ganancias ocasionales y herencias disminuirá del 35% al 10%, el de los lesivos capitales especulativos del 35 al 12.5%, además se mantienen las deducciones que benefician ampliamente a los grandes monopolios y transnacionales, puesto que el 82% de las utilidades se concentran en tan solo 100 firmas. Para compensar estas disminuciones se propone cobrarles un impuesto de renta a trabajadores que devengan salarios mayores a 3,200.000, la creación de un nuevo impuesto al consumo que grabará hasta el “corrientazo” y la “simplificación” del IVA que permite cobrar una tarifa del 8% a los restaurantes y comedores escolares.

Mientras las arcas del Estado se inflan con cerca de 30 billones por cuenta del aumento en el recaudo, el gobierno mantiene la desatención e indolencia frente a los reclamos sociales. Ante la justa exigencia del movimiento estudiantil de adicionar 1 Billón de pesos más a las Universidades Públicas, muchas de ellas en quiebra, el gobierno nacional en cabeza de la Ministra Campo ha respondido con oídos sordos y actitud arrogante. Queda en evidencia la lógica gobiernista: amplio y condescendiente con las empresas multimillonarias a quienes les descontarán cerca de 8 billones con el nuevo esquema tributario y cicatero y amarrado con las justas exigencias del pueblo colombiano, indispensable en un país con 22 millones de personas en la pobreza o miseria.

Estamos ante un nuevo conejo del gobierno de Juan Manuel Santos a la educación superior y a los derechos sociales de los colombianos. La reforma tributaria no garantiza el financiamiento adecuado del SENA, el ICBF y el sistema de salud de los trabajadores pero si empuja a estas instituciones hacia el marchitamiento, como lo han hecho con las 32 universidades públicas del país. Por su parte el SENA como institución de formación profesional que durante más de 55 años ha educado a millones de colombianos para el trabajo, es un baluarte histórico y una herramienta indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de los trabajadores y con ello del país, por esta razón la defensa de su adecuada y suficiente financiación es fundamental. 

El gobierno debe retirar la reforma tributaria del congreso e iniciar una discusión amplia y democrática sobre la estructura tributaria del país, para que quienes tienen más, aporten más, y quienes tengan menos aporten en su justa proporción y de esta manera avanzar hacia una Colombia con Soberanía, Democracia y Paz.

Convocamos a todas y todos los colombianos a manifestar su rechazo a esta regresiva reforma tributaria, a defender el SENA y a luchar por un sistema tributario justo, progresivo y equitativo.

Gran Jornada Nacional de Movilización

Jueves 6 de Diciembre de 2012

¡No a la injusta reforma tributaria!

¡El SENA es de todos los colombianos, vamos a defenderlo!

Comisión Nacional de Voceros

Mesa Amplia Nacional Estudiantil