“Como producto de las discusiones generadas en los diferentes escenarios de la MANE, el presente documento recoge los consensos y acumulados con los que cuentan el movimiento estudiantil colombiano y los sectores sociales, democráticos, étnicos y populares que se han venido articulando a este proceso de construcción”, señala la MANE en su sitio web y a continuación se despliega todo el articulado.

Podría decirse que la columna vertebral de su propuesta es la “educación gratuita”, una consigna que ha sido reiterada en su discurso desde finales de 2011, cuando se unieron para marchar por las principales ciudades del país exigiendo que el Gobierno retirara del Congreso la reforma a la educación superior. Insisten en la gratuidad —explica Sergio Fernández, vocero del movimiento— porque “si se entiende la educación como un derecho, se sobreentiende que a ella deben tener acceso todos los seres humanos”.

Pero además, existen otras dos propuestas que también han empezado a generar polémica. Por un lado, la MANE plantea darle un vuelco total al Icetex, que incluye “una tasa de interés igual a cero” para todos los préstamos y que se realice una reestructuración a los consejos superiores de la universidades, “que hoy están compuestos mayoritariamente por agentes externos”.

El debate sobre la ley de educación superior que propone la MANE comenzó este fin se semana en Twitter. Allí aparecieron los defensores del movimiento con mensajes como este: “La reforma de la educación superior en Colombia no será posible sin tener en cuenta a la MANE”, de @Aleph43; y también los detractores: “Acabo de leer la propuesta de articulado de @manecolombia. No hay una sola respuesta a los problemas estructurales de la educación”, de @tropicalia115.

Estos son los argumentos de la MANE, en voz de Sergio Fernández, para insistir y persistir con el tema de la gratuidad: “Los 600 mil estudiantes de universidades públicas le costarían hoy al Estado unos $700 mil millones, que es lo que se recauda en matrículas. Pero como la consigna es educación de calidad, es necesario resarcir el déficit que el Gobierno tiene con las universidades desde 1992; hay necesidades acumuladas de infraestructura, contrataciones, adecuaciones. Eso serían unos $11 billones. Ellos dicen que es imposible, que no hay recursos; nosotros decimos sí se puede hacer de manera paulatina. Ese es el mismo dinero que pierde cada año el Gobierno en exenciones a las multinacionales”.

Ante esta idea, Luis Enrique Arango, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), señala que si bien es un “ideal político e ideológicamente sensato”, es necesario “aterrizar” a la realidad del país: “no creo que el costo de las matrículas sea el principal limitante para acceder a la educación superior. Hay otros factores que los alejan de las universidades, como la dificultad para transportarse o hasta la misma alimentación. En mi universidad (la Tecnológica de Pereira) hay matrículas subsidiadas por las que los estratos 1 y 2 pagan entre $135.000 y $270.000 el semestre. Pero el trasporte les vale $500.000. Más que gratuidad hay que abrir el foco y comprender estos motivos”.

Así sería el revolcón del Icetex, según la iniciativa fabricada por la MANE: además de la consigna de “intereses igual a cero” para todos los préstamos (que rige hoy para estudiantes de estratos 1, 2 y 3), se plantea que cuando empiece a regir la ley, a aquellas personas que hayan pagado el capital inicial prestado, se les condone el resto de la deuda. Además, que se suspendan los cobros jurídicos que estén en trámite y que se reestructuren los créditos existentes.

“El Icetex debe cambiar el rumbo”, dice Sergio Fernández y explica que su propuesta tiene dos objetivos centrales: que los recursos de esta institución no dependan de organismos internacionales, sino de ingresos de la nación para mantener su independencia (“en 2007 el Banco Mundial le hizo un préstamo de US$500 millones al Icetex que venía condicionado”), y que los recursos que maneja este ente estén orientados sobre todo a estudios en el exterior (“este instituto no puede ser la base de la financiación de la educación, como lo es hoy, porque esa es tarea del Estado. Tendría que ser más bien un accesorio”).

Al respecto Iván Ramos , presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), dice que “el Gobierno ya ha avanzado en medidas importantes al entregarles este beneficio a los estratos más bajos y eso hay que reconocerlo”. Luis Enrique Arango, del Sistema Universitario Estatal, cree en cambio que debe haber conciencia de que “los recursos para la educación en Colombia tienen limitaciones. No tiene sentido que ante la escasez no se destinen bien esos recursos hacia los estratos que más lo necesitan, cuando los estratos altos pueden acceder a otras alternativas”.

Frente a la propuesta el Icetex respondió que no puede pronunciarse, porque es el Gobierno el que toma la decisión de cómo se realizan los préstamos.

Tomado de: elespectador.com, http://bit.ly/XT43JN