Proyecto de renovación urbana del CAN, liderado por el Gobierno, contempla unos predios de la U. Nacional que ésta no está dispuesta a entregar. 

Los primeros planos —que son apenas un borrador— muestran el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, y su entorno, transformado en una zona principalmente residencial: con edificios de hasta 12 pisos, centros comerciales, parqueaderos subterráneos, espacios verdes y algunas edificaciones estatales. Este es apenas un bosquejo de cómo luciría esta zona céntrica de la capital si en el Plan de Ordenamiento Territorial (que será presentado en las próximas semanas ante el Concejo de Bogotá), se le da vía libre a la propuesta de renovación urbana para este sector impulsada por el mismo Gobierno desde marzo de 2011, a través del documento Conpes 3694.
En esos planos están incluidos algunos predios de la Universidad Nacional (como el edificio Uriel Gutiérrez, donde hoy funciona la rectoría) que, según los planes del Gobierno, entrarían en el plan de renovación. El problema es que la universidad, que es estatal, pero autónoma, no está dispuesta a ceder sus tierras. O para decirlo en voz de la vicerrectora María Clemencia Vargas: “La Nacional no ha dado un milímetro ni lo piensa dar”.
En otras palabras, el Gobierno, representado por la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas (100% estatal, creada para dirigir este y otros planes de renovación urbana en el país), se está enfrentando al mismo Gobierno, que a través de la Unal le está diciendo “no” a la posibilidad de formar parte de este plan que abarca 85 hectáreas.
“Hacia agosto vino Andrés Escobar (gerente de la Empresa de Renovación) y me explicó cómo podíamos incorporarnos a esta iniciativa —cuenta la vicerrectora—. Me dijo que les podíamos entregar esos terrenos y que ellos nos los reconstruían. Luego en Presidencia nos dijeron que estábamos sentados en una mina de oro, que teníamos que explotarla, que con este proyecto podíamos salir de nuestros problemas de infraestructura; pero nosotros no estamos en plan de negociar nuestros terrenos. La universidad tiene unos planes y unas inversiones en esos espacios. Además, necesitamos tener hacia dónde crecer en el futuro”.
Exactamente los predios de la Unal, que comprenden este proyecto, son: uno ubicado sobre la calle 44 entre carreras 45 y 50, donde están las antiguas residencias estudiantiles Camilo Torres, que hoy son la sede de diferentes institutos de investigación y donde se encuentra el edificio administrativo.
En el segundo, localizado en la esquina de la carrera 59 con calle 42, está el complejo Hospital Universitario. Según la vicerrectora, en este predio no sólo está el plan de reactivar el hospital (que en agosto abrirá sus primeros servicios), sino también el de crear un centro de investigación en salud.
La posición de la vicerrectora es la misma que defienden los estudiantes. Así lo dice Sergio Fernández, vocero de la Mesa Amplia Nacional estudiantil (MANE), quien le ha hecho un seguimiento detallado a esta iniciativa y explica, por ejemplo, que el primer trazado que se había contemplado en 2011, para el plan de renovación del CAN, se fue ampliando (ver infografía) “sin ningún sustento”, hasta abarcar esos terrenos de la Nacional que hoy la convierten en la segunda mayor propietaria de las tierras consideradas para el proyecto, después del Ministerio de Defensa.
Andrés Escobar, gerente de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, explica por qué se dio esa ampliación: “En Bogotá todos tenemos una idea de dónde queda el CAN, pero formalmente no existe una división jurídica, ni un barrio, ni de una UPZ o una localidad, que sea el CAN. Nosotros hemos venido haciendo estudios para identificar las zonas que por su estado físico ameritan renovarse. Y con el tiempo ha cambiado el área de estudio, porque hemos encontrado nuevas edificaciones con la misma vulnerabilidad sísmica”.
Al cuestionarlo por la negativa de la Unal, de entregar los predios, y por la facultad que les dio a él y a la empresa que dirige la Ley 1537 de 2012 de, en estos casos, expropiar por vía judicial o administrativa a los dueños, asegura que la renovación no se hará en contra de los propietarios: “Si piensan que están bien, que no necesitan renovar sus sedes, que no necesitan nuestra ayuda, pues no se les ayuda”.
Tomado de El Espectador, 8 de febrero de 2013